Políticas para la juventud

Editorial que escribí para la Revista Archivos de Ciencias de la Educación

Decir educación en el año de los Bicentenarios Latinoamericanos nos posiciona en la obligación de preguntarnos acerca de los ímpetus genuinamente democratizadores e igualitaristas de nuestros sistemas educativos y acerca de la concreción real, efectiva de la plena distribución social de los conocimientos.

Desde 1882, con la sanción de la Ley 1420 nuestro país, Argentina, ha contado con innumerables instrumentos legales que fueron garantizando la conformación de un sistema nacional de educación que buscó integrar, bajo la voz de la nación, las diferencias sociales, étnicas, religiosas, comunitarias y de género imperantes. Lo cual significó para ciertas y bastas minorías la renuncia a ver pronunciados en la escuela sus padrones culturales, sus derechos y sus concepciones de mundo. Aún así, generación tras generación de argentinos y argentinas fueron encontrando en la escuela pública intersticios donde fundar las esperanzas de ascenso social, para lograr acceder a un grado de conocimiento socialmente valioso para sus luchas cotidianas.

Sin embargo, la promesa de educación común y para todos y todas amparada en el espíritu de las Leyes, se ha visto en las últimas décadas diluida por los procesos de fragmentación social, donde las instituciones tradicionales han dejado de dar respuesta al conjunto de la sociedad, colocando a los sujetos, niños, niñas, jóvenes y adultos en situaciones de riesgo, vulnerabilidad  y desamparo vital difícilmente encausables. Las tensiones entre igualdad y desigualdad educativa se presentan hoy más visibles al mismo tiempo que irresolutas.

No obstante, a diez años de la crisis social, económica y política del año 2001, nuestro país ha dado señales de una profunda recuperación del tejido social, de las solidaridades mínimas que implican la recomposición de la vida en común. Sin desconocer la profunda brecha de las desigualdades sociales, los indicadores macro y microeconómicos dan cuenta de una sociedad que va recuperándose, volviéndose más igualitaria y al mismo tiempo con mayor capacidad de articular las diferencias políticas y culturales históricas.

Las políticas educativas no se encuentran al margen de tal reposicionamiento. La sanción de la Ley 26.206 da un paso adelante en la democratización del Sistema Educativo con la instauración de la Escuela Secundaria Obligatoria. La historia de nuestra educación ha demostrado ampliamente como este nivel fue en muchos casos una línea de frontera entre una educación para todos y todas o una educación para las elites, y si bien su acceso y masificación fue una constante en los últimos 40 años, la reciente obligatoriedad cumple con el resguardo de un derecho que le cabe a toda la juventud.

El ingreso masivo de todos los jóvenes y todas las jóvenes entre los 12 y 18 años a la escuela secundaria implica el desafío para estas, y para sus docentes, de alojar a otras juventudes, sujetos sociales históricamente marginados de las posibilidades de acrecentar sus años de escolaridad y de acceder a saberes socialmente productivos para sus vidas y las de sus entornos. Nuevos sujetos sociales que remiten a múltiples y diversas formas de habitar la juventud, más allá de la padronización cultural que instalan las agencias de dominación simbólica.

Junto con la obligatoriedad de la Secundaria, la Asignación Universal por Hijo e Hija resulta una política de impacto positivo directamente sobre el conjunto del sistema escolar, no solo por que ha aumentado el ingreso a la escuela sino porque obliga a pensar instancias de formación y permanencia que otorguen a los y las jóvenes una experiencia escolar valiosa que les permita el un ejercicio pleno de su ciudadanía y el acceso a todos los bienes culturales disponibles.

Respecto del acceso y goce de los bienes culturales, es importante destacar la repercusión que se espera en los y las jóvenes y sus familias, con la implementación el Programa Conectar Igualdad. La posibilidad de acortar las brechas digitales, educativas y sociales a partir del reparto masivo de netbooks y de los paquetes didácticos desarrollados en ellas, supone, permitirá trabajar en el logro de una sociedad alfabetizada en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, sin distinción de grupo social, económico o geográficamente localizado.

El conjunto de medidas que reseñamos, las consideramos dentro de una preocupación mayor por dar respuesta a las vidas de las nuevas generaciones de jóvenes que habitan el país, junto a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en el año 2005 y la Ley Nacional de Salud Reproductiva aprobada en el año 2003, la que habilita pensar una educación sexual integral en las escuelas, que dé lugar no solo al discurso de la anticoncepción y la sexualidad responsable, sino al entendimiento de la importancia de debatir sobre la construcción social del género y la diversidad de identidades sexuales.

En la misma línea, se creó en el año 2007 Consejo Federal de la Juventud en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya misión será colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la construcción del concepto de ciudadanía en valores tales como solidaridad, equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional. Todas estas iniciativas refuerzan la idea de localizar a las juventudes como foco de políticas que tiendan a su promoción, integración e inclusión en una sociedad más justa, atenta y respetuosa de sus derechos, al mismo tiempo que promueve la participación y organización de los y las jóvenes en todo el país.

Hasta aquí, hemos dado cuenta de los marcos legales y de un conjunto de políticas públicas que resaltan los nuevos enfoques formales para comprender y amparar las nuevas juventudes. Pero sabemos también que las leyes no cristalizan en lo inmediato en prácticas emergentes que desafíen las prácticas educativas y socializadoras hegemónicas que pesan hoy sobre los y las jóvenes.

Por ello, en esta oportunidad, y continuando con una línea que nos interesa profundizar, incluimos un Dossier sobre Jóvenes titulado (va titulo) El enfoque nacional e internacional de los artículos y la entrevista que lo componen, ponen el foco en la producción académica sobre el campo de estudio sobre las juventudes, al mismo tiempo que nos induce a la reflexión sobre las formas en que se constituyen las nuevas identidades juveniles en el mundo contemporáneo y los desafíos que implican para educadoras y educadores comprender estos cambios, estas nuevas subjetividades.

El número se compone además de sugerentes artículos de diversas temáticas y autores que permiten adentrarnos en las múltiples aristas de análisis que constituyen nuestro campo pedagógico.

Renovando una vez más el compromiso iniciado por Víctor Mercante, Alfredo Calcagno y Ricardo Nassif, quienes desde esta revista impulsaron el debate sobre los temas centrales del campo educativo, este nuevo número de la Revista Archivos de Ciencias de la Educación propone una mirada a temas actuales con un fuerte impacto hacia un futuro todavía en vías de construcción.